LO HAN VUELTO A HACER

Cuando se habla de asonadas, golpes de estado y demás, lo primero que se piensa es en tanques y lugares allá lejos, pongamos por caso África y en países de los llamados despectivamente tercermundistas o bananeros. Nada más lejos de la realidad. Esto puede ocurrir en sitios donde se presume de respeto de los Derechos Humanos, Democracia y legalidad. Lo pongo en este orden porque es importante saber que antes es lo uno a lo otro.

De vez en cuando se oye ruido de sables oxidados y el tremolar de togas apolilladas, lo que viene a demostrar que aquella transición de la dictadura a la democracia que nos vendieron como modélica deviene en fallida. Ha habido varias ocasiones —la más sonada el 23F— y en todas consiguieron réditos. En esta ocasión que ahora nos ocupa y preocupa, unos militares han decidido que «habría que fusilar a veintiséis millones de hijos de puta». No es libertad de expresión cuando ponen por delante el rango militar y se dirigen al Rey y no a la opinión pública como lo haría cualquier ciudadano. Por mucho menos la Justicia espera con el mazo levantado a escritores, raperos, políticos no adscritos a su causa y demás.

Ya lo dijo el General Espartero en el siglo XIX: «Por el bien de España, hay que bombardear Barcelona una vez cada cincuenta años». Más tarde el general Mola, en el 1936, arengaba a la población civil navarra contra el orden legal establecido: «la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo». El resultado fue más de tres mil quinientos asesinados en esa tierra, sacados de sus casas sin que ni siquiera hubiera frente de guerra, muchos de los cuales aún se están buscando por cunetas, simas y descampados. En 1976, en la llamada «matanza del tres de marzo», la Policía Armada desalojó de una iglesia a 4.000 trabajadores en huelga reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia y disparó con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto. Murieron cinco personas y fueron heridas más de ciento cincuenta. Lo repitieron en el 1978 en Pamplona en plenos sanfermines por una pancarta que pedía amnistía, dando a la policía patente de corso: «Tirar con todas las energías y lo más fuerte que podáis. No os importe matar. Y repeler lo que nos están haciendo estos doscientos o trescientos hijos de la gran puta». Resultado: dos muertos y cientos de heridos. Así que cuando se dice lo de matar a millones no estamos hablando de libertad de expresión o del abuelo cebolleta, de comentarios jocosos para pasar el rato, sino de una asonada militar en toda regla.

Lo que sería oportuno y cabría esperar es que los ejércitos, tal como están concebidos hoy, se disolvieran para dar cabida si procede a un contingente mucho menor en número y superior en tecnología y formación en un ámbito competencial europeo, por supuesto supeditados al poder civil y siempre con vistas a la disolución total. Lo que no tiene cabida en ninguna circunstancia es que unos señores, por muy generales que sean, traten de extorsionar la voluntad popular expresada en las urnas con proclamas democráticamente inasumibles y legalmente sancionables. Tampoco es admisible que quien se proclama Jefe de los Ejércitos no les mande poner firmes y en una alocución absolutamente prescindible, banal y tópica diga: «los principios morales y éticos están por encima de las consideraciones personales o familiares». Igual que su antecesor: «todos somos iguales ante la Ley». Discursos manoseados, vacíos y fáciles. Lo peor es que aún hay quien espera algo de ellos. Como dice Sabino Cuadra Lasarte (no confundir con Sabino Fdez. Campos): «Hay pocas cosas que se me atraganten más que un rey hablando de ética y moral. Mucho más aún si, como es el caso, quien pontifica al respecto es un Borbón. Porque, vamos a ver, ¿hay alguna cosa más inmoral que ser jefe de Estado por meras razones genéticas y de sexo, que no por mérito, capacidad o elección alguna?»

Otros —los togados—se ciscan en uno de los principios del derecho: non bis in ídem y, después de una anulación de juicio dictada por el Tribunal Europeo, deciden, desoyendo lo que ha dictado un tribunal superior, repetir el juicio como es el «Caso Bateragune». Llama la atención que quienes se supone garantes de la ley y el orden vayan en contra del orden establecido al que se deben supeditar. Este gravísimo desacato es una muestra de su carácter porque se ponen por encima de los Derechos Humanos, del Estado de Derecho y de la Jurisdicción Europea. Siguen pensando que la Ley la hacen ellos, que ellos son la Ley y aplican el Derecho Penal del Enemigo. Para quien no sepa de qué va esto, el Tribunal Supremo Español dictó sentencia que se cumplió en su integridad pero recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este Tribunal les dio la razón y ahora el tribunal español ordena que se repita el juicio. Esto es primero volver a castigarles, segundo tratar de evitar una indemnización y por último marcar paquete para demostrar a ellos nadie les dice qué ni cómo.

 Derechos Humanos, Principios Éticos, Democracia, Justicia y Ley son términos que cuesta conjugar.