Cuando se habla de asonadas,
golpes de estado y demás, lo primero que se piensa es en tanques y lugares allá
lejos, pongamos por caso África y en países de los llamados despectivamente
tercermundistas o bananeros. Nada más lejos de la realidad. Esto puede ocurrir
en sitios donde se presume de respeto de los Derechos Humanos, Democracia y
legalidad. Lo pongo en este orden porque es importante saber que antes es lo
uno a lo otro.
De
vez en cuando se oye ruido de sables oxidados y el tremolar de togas
apolilladas, lo que viene a demostrar que aquella transición de la dictadura a
la democracia que nos vendieron como modélica deviene en fallida. Ha habido
varias ocasiones —la más sonada el 23F— y en todas consiguieron réditos. En
esta ocasión que ahora nos ocupa y preocupa, unos militares han decidido que «habría
que fusilar a veintiséis millones de hijos de puta». No es libertad de
expresión cuando ponen por delante el rango militar y se dirigen al Rey y no a
la opinión pública como lo haría cualquier ciudadano. Por mucho menos la
Justicia espera con el mazo levantado a escritores, raperos, políticos no
adscritos a su causa y demás.
Ya lo dijo el General
Espartero en el siglo XIX: «Por el bien de España, hay que bombardear Barcelona
una vez cada cincuenta años». Más tarde el general Mola, en
el 1936, arengaba a la población civil navarra contra el orden legal
establecido: «la acción ha de ser en extremo violenta para reducir
lo antes posible al enemigo». El resultado fue más de tres mil
quinientos asesinados en esa tierra, sacados de sus casas sin que ni siquiera
hubiera frente de guerra, muchos de los cuales aún se están buscando por
cunetas, simas y descampados. En 1976, en la llamada «matanza del tres de marzo»,
la Policía Armada desalojó de una
iglesia a 4.000 trabajadores en huelga reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la
iglesia y disparó con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían
del recinto. Murieron cinco personas y fueron heridas más de ciento cincuenta. Lo repitieron en el 1978 en
Pamplona en plenos sanfermines por una pancarta que pedía amnistía, dando a la
policía patente de corso: «Tirar con todas las energías y lo más fuerte que
podáis. No os importe matar. Y repeler lo que nos están haciendo estos
doscientos o trescientos hijos de la gran puta». Resultado: dos muertos y
cientos de heridos. Así que cuando se dice lo de matar a millones no estamos
hablando de libertad de expresión o del abuelo cebolleta, de comentarios
jocosos para pasar el rato, sino de una asonada militar en toda regla.
Lo que sería oportuno y
cabría esperar es que los ejércitos, tal como están concebidos hoy, se
disolvieran para dar cabida si procede a un contingente mucho menor en número y
superior en tecnología y formación en un ámbito competencial europeo, por
supuesto supeditados al poder civil y siempre con vistas a la disolución total.
Lo que no tiene cabida en ninguna circunstancia es que unos señores, por muy
generales que sean, traten de extorsionar la voluntad popular expresada en las
urnas con proclamas democráticamente inasumibles y legalmente sancionables.
Tampoco es admisible que quien se proclama Jefe de los Ejércitos no les mande
poner firmes y en una alocución absolutamente prescindible, banal y tópica
diga: «los principios morales y éticos están por encima de las consideraciones
personales o familiares». Igual que su antecesor: «todos somos iguales ante la
Ley». Discursos manoseados, vacíos y fáciles. Lo peor es que aún hay quien espera
algo de ellos. Como dice Sabino Cuadra Lasarte (no confundir con Sabino Fdez. Campos):
«Hay pocas cosas que se me atraganten más que un rey hablando de ética y moral.
Mucho más aún si, como es el caso, quien pontifica al respecto es un Borbón.
Porque, vamos a ver, ¿hay alguna cosa más inmoral que ser jefe de Estado por
meras razones genéticas y de sexo, que no por mérito, capacidad o elección
alguna?»
Otros
—los togados—se ciscan en uno de los principios del derecho: non bis in ídem y, después de una
anulación de juicio dictada por el Tribunal Europeo, deciden, desoyendo lo que
ha dictado un tribunal superior, repetir el juicio como es el «Caso Bateragune».
Llama la atención que quienes se supone garantes de la ley y el orden vayan en
contra del orden establecido al que se deben supeditar. Este gravísimo desacato
es una muestra de su carácter porque se ponen por encima de los Derechos
Humanos, del Estado de Derecho y de la Jurisdicción Europea. Siguen pensando
que la Ley la hacen ellos, que ellos son la Ley y aplican el Derecho Penal del
Enemigo. Para quien no sepa de qué va esto, el Tribunal Supremo Español dictó
sentencia que se cumplió en su integridad pero recurrieron al Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Este Tribunal les dio la razón y ahora el tribunal español
ordena que se repita el juicio. Esto es primero volver a castigarles, segundo
tratar de evitar una indemnización y por último marcar paquete para demostrar a
ellos nadie les dice qué ni cómo.
Derechos
Humanos, Principios Éticos, Democracia, Justicia y Ley son términos que cuesta
conjugar.